Los fiscales víctimas del ‘dedazo’ con Delgado recurrirán al Supremo su «nombramiento arbitrario»

Los fiscales víctimas del dedazo del fiscal general del Estado, Álvaro García, a la ex ministra socialista Dolores Delgado, a la que ha colocado al frente de la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se plantean llevar el caso al Supremo. «Era la menos capacitada para el cargo», señalan fuentes consultadas a este periódico. Y es que, explican, aunque se trata de un nombramiento discrecional debe estar «argumentado y justificado». Sin embargo, el que fuera el número 2 de Delgado en el Ministerio Público le ha dado la plaza a su ex jefa a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal, motivo por el que los perjudicados se plantean recurrir dicho nombramiento ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal.

El fiscal general ha nombrado a Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática pese a que la mayoría de los vocales se han negado a votar. De los doce miembros que componen el Consejo Fiscal, seis de ellos -pertenecientes a la mayoritaria Asociación de Fiscales- se han negado a votar y a deliberar sobre la plaza en señal de clara protesta por las maniobras de García Ortiz. El vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, también ha mostrado su rechazo a este nombramiento y tampoco ha votado. Delgado sólo ha contado con el apoyo de uno de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales y de cargos que ella misma designó, como la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde; la inspectora jefe de la Fiscalía, María Antonia Sanz; o el del propio Álvaro García. Pese a obtener sólo el apoyo de cuatro miembros frente a ocho, ha sido designada para cubrir la vacante.

Ahora, Delgado se encargará de ejecutar la ley de Pedro Sánchez de Memoria Democrática y tendrá la potestad de declarar ilegales las fundaciones que hagan apología del franquismo, la exhumación de víctimas de la dictadura de las fosas comunes con dinero público o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española. Es decir, de sancionar aquellos que no acaten las políticas sanchistas recogidas en dicha ley.

Estas competencias las ha asumido pese a no ser la candidata «más apta para el cargo». Al puesto se presentaban otros tres fiscales con mejor curriculum como el fiscal de Antidroga de la Audiencia Nacional Luis Ibáñez, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana o el fiscal de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa Juan Calparsoro.

Ibáñez cuenta con una amplia trayectoria profesional de 25 años ininterrumpidos. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1988 y fue fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz entre 1989 y 1991. Desde 1991 hasta 2006 desempeñó el cargo de fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. En octubre de ese año fue nombrado fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga hasta julio de 2013, que fue nombrado fiscal jefe de la provincia de Toledo en la Audiencia Provincial. Además, es un fiscal más antiguo que Delgado por lo que se encuentra mejor posicionado.

Castresana interpuso denuncias que abrieron algunas de las causas más mediáticas de la historia de España, como la investigación por corrupción al expresidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella Jesús Gil. También investigó las causas alrededor del narcotraficante gallego Laureano Oubiña, el ex presidente italiano Silvio Berlusconi y el dictador chileno Augusto Pinochet. Además, fue comisionado contra la Impunidad en Guatemala con rango de subsecretario general de la ONU y tiene varios doctorados honoris causa y reconocimiento como Legión de Honor y la Orden del Mérito Civil.

Y Calpasaro es fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa. Calparsoro nació en San Sebastián, en 1960. Ingresó en la carrera fiscal en 1986. Estuvo destinado en su ciudad natal hasta el año 2004, donde ostentó el cargo de teniente fiscal desde 1998. Ha sido Fiscal Superior de la comunidad autónoma de La Rioja y, posteriormente, del País Vasco. También se encuentra en mejor posición en la Carrera Fiscal que Delgado debido a su antigüedad.

Supremo

Los candidatos están estudiando la posibilidad de demandar este nombramiento «injustificado» y que, entienden, «no es ajustado a Derecho». Hay que recordar que el Alto Tribunal ya investiga si el nombramiento también a dedo de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada, es legal. El Supremo ha admitido a trámite la demanda interpuesta por uno de los aspirantes al cargo, el hasta ahora teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, contra el nombramiento de la ex ministra socialista. Y es que, hace nueve meses, Delgado consiguió ascender a la categoría más alta de la carrera fiscal gracias también a Álvaro García, que la eligió pese a no tener el apoyo del Consejo.

Golpe consumado

Sánchez ha conseguido lo que se propuso hace un año. El presidente pretendió pagar los favores prestados a la que fuera fiscal general del Estado y ex ministra de su Gobierno, Dolores Delgado, con un cambio en la Ley del Estatuto Fiscal que permitía ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal cuando cesase como responsable del Ministerio Público: fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Con este ascenso, Sánchez podría colocarla más tarde al frente de la Fiscalía creada junto a la nueva ley sanchista de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Para ello, los socialistas propusieron, a través de una enmienda a la Ley Concursal, modificar el apartado seis del artículo 31. Esta burda maniobra fue tan escandalosa que finalmente Sánchez se vio obligado a dar marcha atrás y diseñó otro plan que acaba de consumar.

Delgado eligió sucesor al que fuera su número 2, Álvaro García. La entonces fiscal general abandonó el cargo alegando «problemas de salud». Unos meses después aspiró a la plaza de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo que la colocaría en la categoría más alto de la Carrera Fiscal. Con la connivencia del fiscal general consiguió dicha vacante.

Una vez que obtuvo el puesto de fiscal de Sala del Supremo su siguiente propósito era alcanzar la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, de reciente creación, que se encargará de la supresión de las fundaciones que hagan apología del franquismo, la exhumación de víctimas de la dictadura de las fosas comunes con dinero público o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española. Es decir, de sancionar aquellos que no acaten las políticas de Pedro Sánchez recogidas en la denominada ley de Memoria Democrática. Para ello, ha vuelto a contar con el apoyo del fiscal general que ha adelantado el Pleno previsto para el 19 de junio y le ha otorgado la vacante pese a no contar con el apoyo del Consejo Fiscal.